Independencia: ¿desvío o desvarío?

En los últimos días el debate sobre la independencia de Cataluña ha eclipsado otras noticias hasta el punto de hacernos creer que no se habla de otra cosa. Opiniones y reacciones para todos los gustos salen de la boca de los políticos, llegan al altavoz de los medios de comunicación y encuentran su eco en las redes sociales, bullendo sin parar entre defensores y detractores. Veamos si somos capaces de arrojar un poco de luz sobre un tema complejo, donde aparecen imbricados aspectos jurídicos, políticos, históricos y emocionales.

Para tratar un tema tan ambicioso como éste, es necesario partir de una posición de humildad. Pongamos pues las cartas sobre la mesa para que nadie se lleve a engaño y para relativizar y contextualizar las opiniones que me dispongo a verter.

En relación a los aspectos jurídicos aporto mi licenciatura en Derecho y mi vida profesional dedicada al mundo de las leyes: mundo tan amplio que dedicarse al mismo equivale poco más o menos a admitir que no sabe mucho. Para los aspectos políticos e históricos mi equipaje es más liviano, ya que sólo puedo alegar en mi defensa que llevo muchos años interesado en la política de mi país y que la Historia constituye una verdadera pasión personal. Creo que en el fondo soy un historiador frustrado, y que mi interés por la política deriva de creer que ésta es una suerte de «historia muy contemporánea». Los aspectos emocionales son siempre más difusos, pero si pienso hablar de la independencia de Cataluña he de reconocer que he vivido en Barcelona casi cuatro años, y que ahora vivo en Madrid: los dos ejes sobre los que nos empeñamos en hacer girar todo este debate. Barcelona la quiero como mi ciudad natal, pues allí comencé mi vida laboral, me formé como adulto, y me he encargado a conciencia de conocerla, exprimirla y entenderla. Ahora hago lo mismo con Madrid, una gran capital cuya siempre atractiva y aparentemente inagotable oferta cultural y gastronómica encuentra fiel contrapunto y duro rival en mi natural apetencia por lo desconocido y mi curiosidad e hiperactividad casi patológica.

A Barcelona sigo subiendo con asiduidad, y el haber vivido en dicha ciudad las últimas fiestas del 11 de Septiembre y 12 de Octubre me han hecho escribir esta entrada.

Si con estas humildes alforjas puedo iniciar este peregrinar por la independencia, sólo el lector lo podrá juzgar así que… ¡manos a la obra!

Para hacer más clara la exposición y facilitar la tarea al lector, me valdré de una serie de puntos que abarquen distintas caras de este poliedro que se resiste a mostrarse en su totalidad. De la suma de todas estas caras (y de muchas otras que seguro que me dejo en el tintero) quizás podamos construir un debate más interesante, informado y productivo.

Ésa es mi intención.

1. La relación entre España y Cataluña no es simétrica

A pesar de que muchos políticos hablan de las relaciones entre el Gobierno de España y el de Cataluña, como si fueran dos interlocutores que pueden negociar en igualdad de condiciones, la realidad jurídica es bien distinta. La Constitución Española de 1978 fue refrendada por el pueblo español, con un índice de participación cercano al 60% y un «sí» aplastante (rondando el 88%). El que tenga curiosidad por saber cómo fue la distribución de votos por provincias puede acudir a este enlace (son especialmente llamativos los resultados de las provincias catalanas).

Pues bien, partiendo del texto constitucional que ha guiado la democracia española en su periodo más pacífico y fructífero (a pesar de los errores que se cometieron en su redacción y que en la actualidad se patentizan), veamos qué tratamiento da a la cuestión en ciernes:

Artículo 1.2 La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

De lo expuesto se deduce que España se constituye en un Estado (social, democrático y de derecho, según el artículo 1.1), cuyos poderes emanan de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español. La Nación española, indivisible, es patria común de todos los españoles. A las nacionalidades (éste término es importante para distinguir y delimitar ambos conceptos) y regiones que integran la Nación española se les reconoce el derecho a la autonomía.

Jurídicamente, pues, sólo hay un pueblo (el español), una soberanía nacional (que reside en dicho pueblo), una Nación (España) integrada por distintas regiones y nacionalidades que tienen derecho a la autonomía. Pasados los años y tras la aprobación de los diversos Estatutos de Autonomía, se puede decir que Cataluña es una nacionalidad que integra, junto a otras (como Galicia o Andalucía) la Nación española, y a la que se le reconoce el derecho a a la autonomía.

No existe pues, desde un punto de vista estrictamente jurídico, una nación catalana ni un pueblo catalán, del mismo modo que no hay un pueblo andaluz o una nación murciana. Si alguien habla del pueblo catalán (o usa otros eufemismos como «sociedad catalana») lo puede hacer desde un punto de vista étnico, lingüístico o sociológico, pero no como un ente diferenciado del pueblo español y con más derechos que los que la Constitución Española le reconoce.

La Constitución manifiesta esta diferencia entre la Nación Española y las nacionalidades que la integran en distintos artículos, ya sea al regular la bandera del Estado y las de las Comunidades Autónomas, la preeminencia del castellano como lengua oficial del Estado, la organización territorial de éste o el régimen de distribución de competencias.

Cualquier mención que hagan los políticos acerca de las relaciones entre Cataluña y España debe valorarse a la luz de esta asimetría. Cuando el Presidente de la Generalidad de Cataluña pretende echar un pulso al Gobierno de España, comete una deslealtad institucional, violando un principio básico del funcionamiento de las Administraciones Públicas (véase la LOFAGE y la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo común). Pero lo más grave es que ignora que el presidente de una comunidad autónoma ostenta la suprema representación de la respectiva comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en aquélla (artículo 152 de la Constitución Española). Es decir, que Artur Mas es el máximo representante de Cataluña y a la vez es el representante de España en el territorio catalán.

2. Cataluña no ha sido nunca un Estado, una nación ni un país.

Si los aspectos jurídicos no dejan la cuestión clara, podemos acudir a los aspectos políticos e históricos, a fin de escrutar un poco más en este asunto.

A pesar de que los medios de comunicación (sobre todo en Cataluña) reiteran los términos «nación catalana» o «país catalán», es necesario distinguir si estos vocablos son acertados o, por el contrario, se reducen a ser una muestra de una aspiración legítima, pero que no se asienta sobre pilares reales.

Podemos hacer una primera aproximación semántica, observando las definiciones que se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua española:

nación.

(Del lat. natĭo, -ōnis).

1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.

2. f. Territorio de ese país.

3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.

país.

(Del fr. pays).

1. m. Nación, región, provincia o territorio.

estado.

(Del lat. status).

5. m. País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios.

6. m. Forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio.

ORTOGR. Escr. con may. inicial.

7. m. Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

ORTOGR. Escr. con may. inicial.

8. m. En ciertos países organizados como federación, cada uno de los territorios autónomos que la componen.

A partir de aquí, veamos las primeras consideraciones.

España es un Estado, un país y una nación. Es un Estado autonómico, pero debemos recordar que el calificativo «autonómico» alude a una forma de división territorial del poder.

Cataluña no es un Estado. Si España fuera una federación, podríamos hablar de Estado Catalán, pero ello no es así. Sobre la consideración de España como Estado Federal ya diremos algo más adelante.

Para considerar a Cataluña como un país y una nación, es necesario acogerse a la tercera acepción del término «nación», entendiendo que los catalanes constituyen un grupo diferenciado, con origen, lengua y tradiciones comunes. Habrá quien le baste para argumentar que sí hay una nación catalana, que tiene sentido hablar de un Auditorio Nacional de Música Catalana,  un Teatro Nacional o un Museo Nacional de Cataluña, etc…

A quien piense así no creo que mis argumentos puedan llevarle a pensar de otro modo, pero se trata de una cuestión de perspectiva. España constituye una nación porque tiene una lengua, origen y tradición comunes, y ello incluye y engloba a los catalanes. Si nos centramos en el caso catalán y vemos una lengua propia (el catalán, aparte del castellano) y unas tradiciones propias, podemos hablar de nación catalana, pero este experimento puede seguir haciéndose hasta caer en un localismo exacerbado: los ciudadanos del Valle de Arán, con origen, tradiciones y lengua (el aranés) común, podría considerarse una nación de cerca de diez mil habitantes… ¿dónde ponemos el límite de lo que se entiende por origen y tradiciones comunes y diferenciadas?

Por último, hemos de recordar que los términos «nación» y «Estado» son conceptos modernos, ampliamente tratados por los manuales de Teoría Política, y cuya relación constituye una realidad terminológica no siempre pareja con el uso que damos en el lenguaje cotidiano. Aquí dejo un enlace para el que quiera profundizar un poco (lo siento, pero no pienso escanear y subir a la red mis monografías sobre el tema ;)).

Así las cosas, considero que a lo sumo se puede hablar actualmente de Cataluña como una «nación sin Estado», pero no de un ente jurídico que relacione territorio, población y poder político, que aune Estado, nación y país del mismo modo que postulaban los teóricos del siglo XIX y al mismo nivel que España, Francia o el resto de países de la Unión Europea.

Y tampoco lo fue en el pasado, pues hasta el siglo XIX no se empieza a hablar propiamente de «nación» (en la acepción moderna que conocemos en la actualidad), y con anterioridad sólo había reinos y Estados. Cataluña no fue ni reino ni Estado.

Pero será mejor que dediquemos el siguiente punto a la historia y sus manipulaciones…

3. La Historia se interpreta torticeramente y queda al albur de los intereses políticos actuales.

Buena parte del tiempo que viví en Barcelona fui consciente de la utilización interesada de la historia, del afán desmedido de ciertos sectores del independentismo radical por apropiarse del pasado, manipularlo, retorcerlo y deformarlo hasta asegurarse de que la identidad del pueblo catalán adquiera la imagen por ellos deseada.

Si algo me horroriza sobremanera es la falta de escrúpulos de los políticos a la hora de pretender legitimar el presente a través de una parcial (cuando no directamente manipulada) visión de la historia.

Así ocurre en Cataluña con la pretendida Corona «catalanoragonesa», una ficción histórica que constituye una alteración de lo que aconteció tras la unión de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón. El heredero de esta unión fue Alfonso II, el primer rey de Aragón que fue, a la vez, Conde de Barcelona.

La Corona de Aragón comprendía varios reinos, como el de Valencia o Mallorca, pero entre sus territorios (que llegaron a incluir Sicilia, Córcega, Cerdeña o Nápoles) no puede hablarse cabalmente de un reino catalán, porque nunca hubo un rey de Cataluña. Los reyes de Aragón a partir de Alfonso II, por ejemplo el famoso Jaume I «El Conqueridor», fue rey de Aragón, Valencia, Mallorca y Conde de Barcelona. Por mucho que algunos historiadores pretendan dar pábulo a la visión de una unión entre iguales (Aragón y Cataluña), lo cierto es que la Corona de Aragón no fue una «federación» de reinos, ya que el término y concepto de federación es totalmente moderno, ajeno a la realidad social, económica y política del feudalismo de los siglos XIII-XV.

Pero existen otros artificios más sutiles. Por ejemplo la figura de Rafael Casanovas, cuya estatua es adorada cada 11 de Septiembre a través de una entrega floral fuertemente politizada. Se vende que Casanovas murió en el sitio de Barcelona defendiendo las libertades catalanas. Sería más correcto decir que Casanovas, como todo partidario del Archiduque Carlos de Austria, defendía a Cataluña pero también a España, a una España diferente de la que representaba el otro candidato en la Guerra de Sucesión (1701-1715), Felipe V. Al ganar la guerra el borbón los territorios que no le apoyaron vieron menoscabados sus derechos y usos locales a través de los Decretos de Nueva Planta. Esto aconteció en Cataluña, pero también en Valencia o Mallorca. Otros territorios, como Navarra, mantuvieron sus fueros simplemente por, dicho coloquialmente, «apostar a caballo ganador». Si la guerra la hubieran ganado los austracistas, se habría producido un fenómeno inverso con casi total seguridad.

¿Queréis una prueba de lo que estoy afirmado? Cuando digo que Casanovas murió defendiendo España y Cataluña (defendiendo, repito, una visión de España que respetara los fueros e instituciones catalanas, como era la que representaba Carlos de Austria), lo digo porque Barcelona fue el último baluarte en la Guerra de Sucesión, y existe un documento de aquella época muy interesante que arroja luz sobre esta cuestión. A diferencia de los análisis modernos, tan propensos a la manipulación, recomiendo acudir a las fuentes. El día 11 de Septiembre de 1714, a las tres de la tarde, los Tres Comunes de Cataluña (las instituciones más representativas de Cataluña, a saber, la Diputación General, el Brazo Militar y el Consejo de Ciento) publicaron un bando para exhortar a la población a defender la ciudad, salvar España y enfrentarse a los borbónicos. Aquí os dejo la traducción de dicho comunicado, que habla por sí solo:

«Ahora oíd, se hace saber a todos generalmente, de parte de los Tres Excelentísimos Comunes, tomado el parecer de los Señores de la Junta de Gobierno, personas asociadas, nobles, ciudadanos y oficiales de guerra, que separadamente están impidiendo que los enemigos se internen en la ciudad; atendiendo que la deplorable infelicidad de esta ciudad, en la que hoy reside la libertad de todo el Principado y de toda España, está expuesta al último extremo, de someterse a una entera esclavitud. Notifican, amonestan y exhortan, representando a Padres de la Patria que se afligen de la desgracia irreparable que amenaza el favor e injusto encono de las armas franco-españolas, hecha seria reflexión del estado en que los enemigos del Rey N.S., de nuestra libertad y Patria, están apostados ocupando todas las brechas, cortaduras, baluartes del Portal Nou, Sta. Clara, Llevant y Sta. Eulalia. Se hace saber, que si luego, inmediatamente de oído el presente pregón, todos los naturales, habitantes y demás gentes hábiles para las armas no se presentan en las plazas de Junqueras, Born y Plaza de Palacio, a fin de que unidamente con todos los Señores que representan los Comunes, se puedan rechazar los enemigos, haciendo el último esfuerzo, esperando que Dios misericordioso, mejorará la suerte. Se hace también saber, que siendo la esclavitud cierta y forzosa, en obligación de sus cargos, explican, declaran y protestan a los presentes, y dan testimonio a los venideros, de que han ejecutado las últimas exhortaciones y esfuerzos, protestando de todos los males, ruinas y desolaciones que sobrevengan a nuestra común y afligida Patria, y exterminio todos los honores y privilegios, quedando esclavos con los demás españoles engañados y todos en esclavitud del dominio francés; pero se confía, que todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes de la Libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España, y finalmente dicen y hacen saber, que si después de una hora de publicado el pregón, no comparece gente suficiente para ejecutar la ideada empresa, es forzoso, preciso y necesario hacer llamada y pedir capitulación a los enemigos, antes de llegar la noche, para no exponer a la más lamentable ruina de la Ciudad, para no exponerla a un saqueo general, profanación de los Santos Templos, y sacrificio de niños, mujeres y personas religiosas.
Y para que a todos sea generalmente notorio, que con voz alta, clara e inteligible sea publicado por todas las calles de la presente ciudad.
Dado en la casa de la Excelentísima Ciudad, residiendo en el Portal de S. Antonio, presentes los mencionados Excelentísimos Señores y personas asociadas, a 11 de Septiembre, a las 3 de la tarde, de 1714».

De esta comunicación se desprende que Rafael Casanovas, Conseller en cap durante el asedio, defendía a los catalanes, sí, pero también al resto de españoles. Defendía, en suma, a España entera, a su Patria, a su Rey (o el que él creía que debía serlo).

Aquí tenéis una fotografía de lo que estos «Padres de la Patria», como se hacían llamar los políticos catalanes durante los últimos momentos de la Guerra de Sucesión, decían en su época, y no lo que ahora algunos quieren hacernos creer que dijeron.

Podría seguir con otros ejemplos, pero para muestra, los botones anteriores. Llego a escuchar sandeces como «en Cataluña se abolió la Constitución por Felipe V». Cosas como éstas sólo pueden provenir de ignorantes o de malintencionados. Porque se quiere hacer creer que Cataluña era un Estado, con su Constitución, y que en 1714 los invasores españoles lo conquistaron y abolieron la misma. Se trata de un error manifiesto. Las llamadas «Constituciones y otros Derechos» de Cataluña constituyen un conjunto de normas propias de Cataluña, dentro de lo que podemos denominar fueros o derecho foral. En concreto las Constituciones Catalanas eran normas promulgadas por los Condes de Barcelona y aprobadas por las Cortes Catalanas. No difieren mucho de otras normas forales de Aragón o Navarra, por citar algunas.

Está claro que el término «Constituciones» no alude a lo que en los siglos XIX se conoció por Constitución (a pesar de que existieron otras anteriores, como la estadounidense de 1787), es decir, la Norma Suprema y Texto Fundacional de un Estado. Por ello puede decirse que Felipe V abolió las Constituciones Catalanas (es decir, sus usos y fueros, privilegios reconocidos y garantizados por el otro candidato a la sucesión), pero no puede decirse que Cataluña tuviera una Constitución como la tiene actualmente España. Y ni siquiera lo que he dicho es totalmente cierto, pues, a pesar de que esta cuestión no se reconoce con facilidad entre los círculos más radicales del independentismo catalán, los Decretos de Nueva Planta no derogaron todos los usos y fueros catalanes: dejaron en vigor casi todo el derecho civil catalán, e instituciones como el Consulado del Mar o el Colegio de Notarios de Cataluña.

La historia es algo fascinante y la española, en lo que atañe a la formación de los reinos hispánicos y a la coexistencia de un Derecho Común junto a otros forales, es tremendamente atractiva y didáctica para comprender lo que somos: una de las naciones más antiguas de Europa, formada por una pluralidad de reinos, regiones, tradiciones y lenguas, que deben ser respetadas y amadas como patrimonio cultural de todos los españoles.

Pero retorcer la historia para fomentar la separación no es jugar limpio.

4. Cataluña no es Escocia, ni España es un país federal.

Me hace gracia que políticos como Artur Mas pretendan equiparar la situación de Cataluña con la de Escocia, por el tema del referéndum de independencia. Lo diré con pocas palabras, que los anteriores puntos han sido muy largos, y de hecho la entrada está corriendo el riesgo de pasar de prolija a aburrida en cuestión de segundos: Escocia fue un reino independiente hasta 1707, fecha en la que se une con Inglaterra a través de la Union Act para formar el Reino de Gran Bretaña, sin alterar su sistema legal. Si ahora se quieren separar (como podrían hacer Gales, Inglaterra o Irlanda del Norte), allá ellos. Pero Cataluña no fue un reino independiente que se uniera a España por medio de un instrumento jurídico que ahora pueda deshacerse. La comparación acaba aquí y punto.

Algo que podría ayudar a comprender la naturaleza de España, rara avis dentro de los modelos de Estado en Europa, es su naturaleza pseudofederal. Algunos autores consideran que España no es un Estado federal de forma, pero sí de fondo: las competencias de las Comunidades Autónomas pueden ser superiores a las que poseen algunos estados federados. Si ello es cierto, no lo es menos el hecho que distingue e individualiza la realidad histórica española, es decir, su peculiar formación. Mientras que muchos Estados Federales se formaron por unión de Estados federados que eran previamente independientes y decidieron unirse para crear un ente nuevo, el caso español es totalmente opuesto: un Estado previo se descompone en una multitud de entidades autónomas que no existían con anterioridad. Se trata del fenómeno inverso, ya que mientras que los Estados Federales suelen ser fenómenos «integradores», en España se produce la «desintegración», de manera que a mayor autonomía de las regiones, menos entidad tiene el Estado español. Mientras los Lander alemanes se unen para buscar una fortaleza común y refuerzan el Estado Federal Alemán, las CCAA españolas se pelean unas con otras y rapiñan competencias y recursos del Estado español. No se trata de solidaridad ni visión de país, sino de los peculiares orígenes de esta complejo ente que es España.

Recomiendo encarecidamente la lectura de «La España invertebrada» de Ortega y Gasset, algo que creo que ya hice con anterioridad.

5. Cuando no hay instrumentos jurídicos, la solución suele ser conflictiva.

La mayoría de los fenómenos de independencia de países son consecuencia de guerras y conflictos armados, o bien desembocan en ellos. La independencia de un territorio siempre se percibe como una ruptura, una quiebra que produce menoscabos económicos y políticos, y existe difícil encaje jurídico para regular dicha cuestión. Lo que quiero decir con esto es que la independencia suele allanar el terreno para las armas, ya sea para conseguirla o para evitarla. No me gustaría que lo que ahora parece un tema de actualidad, en un futuro se convierta en un tema de defensa nacional. Y no creáis que hablo por hablar, o que existe alguna amenaza velada en mis palabras. El pasado suele ser buen maestro, y basta con conocer un poco nuestro siglo XX para saber lo que ocurrió en 1934: las revoluciones de octubre de 1934 implicaron que el President de la Generalitat LLuís Compayns proclamara el nacimiento del «ESTADO CATALÁN».

No significa esto, como quiere hacer ver un sector de la «derecha histórica», que los acontecimientos de 1934 fueron el preludio (cuando no directamente la causa) de la Guerra Civil Española (1936-1939), pero qué duda cabe que los actos polarizaron aún más una sociedad ya de por sí dividida y abocada a un conflicto tan sangriento como el que desgraciadamente vivimos en España. La declaración unilateral del Estado Catalán provocó una respuesta violenta (declaración del estado de guerra e intervención del ejército) y, aunque dudo que actualmente un político como Artur Mas realice un acto de deslealtad institucional tan grave e inconsciente, sí creo conveniente repasar el pasado, aprender de la historia, y saber que todo puede volver a ocurrir, especialmente lo de liarse a palos entre nosotros, algo que el ser humano lleva haciendo desde que cayó del árbol.

6. Deberían explicarse los pros y contras de la independencia, así como la forma de alcanzarla.

Cuando Artur Mas pretende convocar una «consulta popular» a través de una ley ad hoc, está intentado evitar los problemas legales y políticos que tendría para convocar un referéndum. Pero cuando pretende que la pregunta se reduzca a «¿Quiere usted que Cataluña sea un nuevo Estado de Europa?», está planteando una pregunta capciosa, fraudulenta, casi mezquina.

Si no se explica cómo se va a alcanzar ese estatus de «nuevo Estado de Europa» no se está haciendo una consulta «informada». Se tiene que explicar qué requisitos son necesarios para que un país externo pase a formar parte de Europa (¿qué efecto tendría un veto proveniente de España o Francia?). Se tiene que explicar que ingresar en Europa no depende en exclusiva de la voluntad eventual del llamado pueblo catalán.

Pero es que la misma independencia produciría una situación beneficiosa y perjudicial a la vez, y algo me da que no se está haciendo correcta pedagogía a la hora de explicar la cara más dura de la misma. Problemas económicos, principalmente, pero también jurídicos. Se me ocurre, a vuelapluma, uno de ellos: ¿qué ocurriría con los miles de catalanes españoles que voten en contra de la independencia? En el supuesto de que exista una mayoría de catalanes a favor de la independencia, y que posteriormente hubiera una mayoría muy amplia en España y un cambio constitucional acorde con la segregación de parte del territorio nacional (muchos «y si», lo sé…), los ciudadanos españoles residentes en Cataluña que no quisieran formar parte de dicho nuevo Estado deberían ser «acogidos» por España, trasladados a territorios españoles como si fueran asilados o refugiados. ¿Qué Comunidad Autónoma los acogerá? ¿Dónde vivirán? ¿Quién indemnizarán sus empleos perdidos? Y sus propiedades compradas en España pero que ahora se encuentran en un país extranjero, ¿qué harán con ellas?

Si lo pensáis detenidamente, no es ilógico que muchas de estas dificultades jurídicas se resuelvan como Alejandro resolvió el nudo gordiano: cortándolo con la espada.

No podría dar una conclusión a esta entrada porque su finalidad no es posicionarse a favor o en contra de la independencia (aunque su autor esté en contra), sino intentar que el debate se haga, en la medida de lo posible, con información y objetividad. Me molesta que se normalice una situación de aparente conflicto entre Barcelona y Madrid a nivel político, económico, futbolístico o popular. España no ha sabido afrontar con madurez las consecuencias de su peculiar naturaleza. No hemos tenido la pedagogía suficiente para reconocer la pluralidad española, la diversidad de lenguas y tradiciones. Seguimos fallando en pensar que «Estado Centralizado es igual a Franquismo», o que la independencia es un fenómeno de izquierdas. Toda esta confusión difumina los contornos de un problema ya de por sí difícil de perfilar.

Ahora, que cada cual defienda la independencia de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía o la «República Independiente de IKEA», o que se postule contrario a ellas. Pero que se haga sin sectarismos, sin prejuicios, con objetividad e información.

Así podremos opinar libremente si la independencia es un desvío (separarse de España) o un desvarío (separarse de la realidad).